sábado, 22 de diciembre de 2007
martes, 18 de diciembre de 2007
Comunicado de Andalucía Acoge por el Día Internacional del Migrante
ANDALUCÍA ACOGE RECLAMA UNA SOLUCIÓN LAS PERSONAS INDOCUMENTADAS QUE VIVEN EN ANDALUCÍA
Exige una ley que regule los centros de internamiento
Con motivo del Día Internacional del Migrante, Andalucía Acoge ha presentado esta mañana su Memoria de actividades de 2004, 2005 y 2006 en la que hace una reflexión sobre la necesidad de abordar la situación de más de 100.000 personas que viven sin documentación en Andalucía. Para el vicepresidente de la organización, Ángel Madero, “estamos al final de la legislatura y todavía no queda resuelto este tema”.
Para la organización, la solución a esta cuestión pasa por un cambio de legislación que permita que la gente se pueda documentar sin depender en exclusiva de un contrato de trabajo, creando cauces legales de entrada, mecanismos ordinarios que permitan satisfacer, por un lado, la demanda creciente de trabajadores a España con contrato en regla, y por otro, la necesidad de las personas de encontrar un futuro mejor en condiciones dignas y con el reconocimiento de sus derechos.
Ésta es una de las propuestas incluidas dentro del decálogo que Andalucía Acoge ha hecho llegar a los partidos políticos con representación en el Parlamento andaluz y español, para que las incorporen como medidas destinadas a la mejora de la integración en sus programas electorales. Muchas de estas personas en situación irregular llegan a los Centros de Internamiento de Extranjeros, los cuales siguen sin tener una normativa clara que los regule y ostentan una total falta de transparencia. La organización considera inaceptable que no exista una ley que regule el funcionamiento de estos centros, porque –dice- “los presos que se encuentran internos en cárceles españolas cuentan con una ley que les protege, pero los inmigrantes recluidos en los CIE se encuentran en una grave indefensión jurídica, pese a no ser delincuentes”. Andalucía Acoge recuerda que estas personas sólo han cometido una infracción administrativa que es la de permanecer sin la documentación adecuada en un país.
En otro sentido, el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, explicó que todos los estudios evidencian el indiscutible aporte de los extranjeros al progreso de España, una contribución sin la que no hubiera sido posible este avance. Además, según los datos de la organización, la franja de edad mayoritaria en la que se encuadra esta población es de 19-30 años, lo que ya hoy está posibilitando el crecimiento demográfico de una España envejecida. Ésta es una razón más para reivindicar el reconocimiento de las personas inmigrantes como nuevos ciudadanos, con sus deberes, pero también con sus derechos. Es el caso del derecho al voto que hoy por hoy está vetado para los 243.096 inmigrantes que residen en Andalucía y para los 2.296.888 que lo hacen en España.
Exige una ley que regule los centros de internamiento
Con motivo del Día Internacional del Migrante, Andalucía Acoge ha presentado esta mañana su Memoria de actividades de 2004, 2005 y 2006 en la que hace una reflexión sobre la necesidad de abordar la situación de más de 100.000 personas que viven sin documentación en Andalucía. Para el vicepresidente de la organización, Ángel Madero, “estamos al final de la legislatura y todavía no queda resuelto este tema”.
Para la organización, la solución a esta cuestión pasa por un cambio de legislación que permita que la gente se pueda documentar sin depender en exclusiva de un contrato de trabajo, creando cauces legales de entrada, mecanismos ordinarios que permitan satisfacer, por un lado, la demanda creciente de trabajadores a España con contrato en regla, y por otro, la necesidad de las personas de encontrar un futuro mejor en condiciones dignas y con el reconocimiento de sus derechos.
Ésta es una de las propuestas incluidas dentro del decálogo que Andalucía Acoge ha hecho llegar a los partidos políticos con representación en el Parlamento andaluz y español, para que las incorporen como medidas destinadas a la mejora de la integración en sus programas electorales. Muchas de estas personas en situación irregular llegan a los Centros de Internamiento de Extranjeros, los cuales siguen sin tener una normativa clara que los regule y ostentan una total falta de transparencia. La organización considera inaceptable que no exista una ley que regule el funcionamiento de estos centros, porque –dice- “los presos que se encuentran internos en cárceles españolas cuentan con una ley que les protege, pero los inmigrantes recluidos en los CIE se encuentran en una grave indefensión jurídica, pese a no ser delincuentes”. Andalucía Acoge recuerda que estas personas sólo han cometido una infracción administrativa que es la de permanecer sin la documentación adecuada en un país.
En otro sentido, el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, explicó que todos los estudios evidencian el indiscutible aporte de los extranjeros al progreso de España, una contribución sin la que no hubiera sido posible este avance. Además, según los datos de la organización, la franja de edad mayoritaria en la que se encuadra esta población es de 19-30 años, lo que ya hoy está posibilitando el crecimiento demográfico de una España envejecida. Ésta es una razón más para reivindicar el reconocimiento de las personas inmigrantes como nuevos ciudadanos, con sus deberes, pero también con sus derechos. Es el caso del derecho al voto que hoy por hoy está vetado para los 243.096 inmigrantes que residen en Andalucía y para los 2.296.888 que lo hacen en España.
martes, 11 de diciembre de 2007
¡¡NO a la directiva de la verguenza!!
Llamamiento a los parlamentarios europeos
En el mes de enero de 2008, un proyecto de Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas extranjeras será presentado al Parlamento Europeo.
A partir de 1990, la política europea llevada a cabo por los distintos Gobiernos en materia de inmigración y de asilo ha conducido a una reducción continua de las garantías y protecciones fundamentales de las personas. Europa se transforma en una fortaleza atrancada e implanta medios desproporcionados para impedir el acceso a su territorio y expulsar a los extranjeros sin papeles.
El proyecto de Directiva de Retorno, si se lleva a cabo, constituiría una nueva regresión.
Al prever una detención que puede alcanzar hasta 18 meses para personas cuyo único delito es querer vivir en Europa, este proyecto implica en si mismo una lógica inhumana : la generalización de una política de encierro de los extranjeros que podría así convertirse en el modo normal de gestión de las poblaciones migrantes.
Al establecer una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas, este proyecto de Directiva estigmatiza a las personas sin papeles y los transforma en delincuentes que deben ser excluidos.
Por primera vez en este ámbito, este proyecto de Directiva será gestionado con un procedimiento de co-decisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. El Parlamento tiene por fin la posibilidad de poner término a esta política regresiva que va contra los valores humanistas que constituyen la base y la fuerza del proyecto europeo.
Los parlamentarios europeos tienen hoy una responsabilidad histórica : reaccionar para impedir que Europa caiga de nuevo en una época oscura de segregación entre nacionales e indeseables, a través de la sistematización de los centros de internamiento y del alejamiento forzado.
Solicitamos a los parlamentarios europeos para que asuman sus responsabilidades y rechacen este proyecto.
Más información y firma de apoyo en http://www.directivadelaverguenza.org
En el mes de enero de 2008, un proyecto de Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas extranjeras será presentado al Parlamento Europeo.
A partir de 1990, la política europea llevada a cabo por los distintos Gobiernos en materia de inmigración y de asilo ha conducido a una reducción continua de las garantías y protecciones fundamentales de las personas. Europa se transforma en una fortaleza atrancada e implanta medios desproporcionados para impedir el acceso a su territorio y expulsar a los extranjeros sin papeles.
El proyecto de Directiva de Retorno, si se lleva a cabo, constituiría una nueva regresión.
Al prever una detención que puede alcanzar hasta 18 meses para personas cuyo único delito es querer vivir en Europa, este proyecto implica en si mismo una lógica inhumana : la generalización de una política de encierro de los extranjeros que podría así convertirse en el modo normal de gestión de las poblaciones migrantes.
Al establecer una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas, este proyecto de Directiva estigmatiza a las personas sin papeles y los transforma en delincuentes que deben ser excluidos.
Por primera vez en este ámbito, este proyecto de Directiva será gestionado con un procedimiento de co-decisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. El Parlamento tiene por fin la posibilidad de poner término a esta política regresiva que va contra los valores humanistas que constituyen la base y la fuerza del proyecto europeo.
Los parlamentarios europeos tienen hoy una responsabilidad histórica : reaccionar para impedir que Europa caiga de nuevo en una época oscura de segregación entre nacionales e indeseables, a través de la sistematización de los centros de internamiento y del alejamiento forzado.
Solicitamos a los parlamentarios europeos para que asuman sus responsabilidades y rechacen este proyecto.
Más información y firma de apoyo en http://www.directivadelaverguenza.org
jueves, 6 de diciembre de 2007
Decálogo MENAs
DECÁLOGO POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS/AS MENORES EXTRANJEROS/AS NO ACOMPAÑADOS/AS-
-MENORES ANTES QUE INMIGRANTES-
1. Recordamos que la protección de los/as menores por parte de las administraciones competentes, garantes de su seguridad, debe hacerse bajo una real igualdad de trato entre los menores nacionales y extranjeros, un real respeto del interés superior del menor así como un real respeto de sus derechos fundamentales, entre los cuales está el derecho a tener una asistencia letrada y un derecho de respuesta equitativo.
2. Nuestro contundente rechazo a cualquier tipo de repatriación no voluntaria, que vulnera los derechos humanos y el interés superior de los/as menores no acompañados/as, más aún si es colectiva e indiscriminada como pretende la Junta de Andalucía, sin ni siquiera considerar otras vías para la integración de esas personas que llegan a nuestras costas en búsqueda de un mejor porvenir.
4. Que el derecho del niño a ser oído debe ser un elemento clave en la apreciación y adopción de cualquier decisión que le afecte, como lo es obviamente una repatriación, señalando los fracasos y las graves vulneraciones de derechos ocasionados por este tipo de decisiones arbitrarias que se tomaron en otras Comunidades (Madrid, Cataluña).
5. Lamentamos que las declaraciones de las autoridades públicas que priorizan la condición de candidato a la inmigración irregular sobre la condición de MENA sujeto de derechos y de protección, creen un discurso de alarma social por parte de algunos medios de comunicación, que, tal como lo ha puesto de relieve el Defensor del Pueblo Andaluz, nos parece innecesaria y exagerada. e incluso lanzan mensajes que contradicen al propio marco jurídico de protección vigente
6. Mantenemos la necesidad de un estudio individualizado de la realidad de cada uno de los menores y su situación familiar, ya que el concepto de “niños solos” no tiene ningún fundamento jurídico.
7. Mostramos nuestra denuncia contundente de esta clasificación ilegitima que distingue entre los /as “verdaderos”/as menores no acompañados/as -realmente desprotegidos/as y merecedores de la protección del Estado- y los/as “falsos/as” MENA, que proceden de una familia de “clase alta-media” y que sólo pretenden defraudar y aprovecharse ilegítimamente de los servicios de protección a la Infancia españoles. Del mismo modo, exigimos que se determine con claridad de cuantos menores hablamos que se encuentran en esta situación, ya que no se pueden utilizar este tipo de generalizaciones distantes de la realidad para argumentar repatriaciones masivas.
8. Que, por lo tanto, nos oponemos a la construcción de centros en Marruecos para MENAs retornados desde España, ya que además de no responder a la propia voluntad del menor, o del Estado marroquí, podemos legítimamente dudar de la eficacia y de la viabilidad de tal proyecto que no responde al interés superior del menor sino a una lógica de control de los flujos migratorios.
10. Y a la UE que apoye económicamente para la atención de los/as menores en territorio español y para ejecutar programas de promoción y prevención en los países emisores de inmigración infantil;
En consecuencia, recordamos a las autoridades públicas sus responsabilidades respecto a la acogida de esos niños con necesidad de protección y la ilicitud de cualquier intento de sortear la legislación nacional e internacional en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de esos menores.
Desde nuestras organizaciones, seguiremos estando muy pendientes de los procedimientos de protección y eventual retorno de esos menores no acompañados para controlar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Tod@s iguales, Tod@s Ciudadan@s
28/11/2007. La presidenta del Parlamento de Andalucia, Mar Moreno, ha recibido esta mañana a la Plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s quienes les han presentado la campaña “Aquí vivo, aquí voto”. Esta campaña tiene como finalidad lograr el reconocimiento al derecho al voto de las personas inmigrantes que viven en España.
Hasta el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica se han dirigido algunos representantes de la Plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s, formada por 18 organizaciones, para reunirse con la presidenta del Parlamento. La plataforma solidaria le ha explicado a Mar Moreno las líneas generales de la Campaña: “Aquí Vivo, Aquí Voto. Por una Ciudadanía Plena”. Esta campaña pretende que sea reconocido el derecho al voto de las personas inmigrantes que viven en nuestro país.
Para alcanzar este objetivo los miembros de esta plataforma persiguen que se elimine todos los obstáculos legales que impiden “que miles de personas en este país cumplan con sus deberes y, sin embargo, no tengan reconocidos sus derechos”. Ya que según la plataforma “Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s, “la participación política es un paso necesario para la integración y para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, en la que cuenten todos y todas”.
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